Desde su oficina en Caracas, José Simón Elarba Haddad dirige un imperio que combina desechos, finanzas, conexiones con líderes chavistas y un historial de demandas acumuladas en tribunales venezolanos. Es un abogado que transformó los servicios públicos y las instituciones privadas en plataformas de poder tanto económico como político. Un operador habilidoso para navegar en las aguas turbidas de la política y los negocios en Venezuela.
Nacido en Caracas el 24 de julio de 1964, se graduó en Derecho de la Universidad Santa María y comenzó su carrera en el ámbito corporativo, pero pronto se dio cuenta de que los verdaderos negocios estaban en los contratos públicos, favores políticos y concesiones secretas.
Antes de emerger como la figura prominente de Fospuca, la empresa que monopoliza la recolección de basura en municipios clave del este de Caracas, Elarba ya se movía con agilidad por los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia. Durante años fue señalado como parte del engranaje informal llamado “Los Enanos”, una red de jueces, abogados y operadores que gestionaba decisiones judiciales “favorables”. Aquella etapa, hoy enterrada bajo capas de éxito empresarial, fue su escuela de poder: allí comprendió cómo opera la impunidad en Venezuela.
El salto definitivo se produjo en 2014, cuando Elarba apareció como intermediario de dos gigantes chinos en el sector tecnológico: CEIEC y ZTE. A través de su empresa Sylo Investments LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, facturó al menos 28 millones de dólares en “asesorías” destinadas a facilitar contratos con Cantv y Movistar. Los documentos filtrados en los Pandora Papers indican que esas asesorías incluían acceso a información confidencial, presupuestos internos y contactos directos con entidades del Estado venezolano.
No eran clientes menores. ZTE fue identificada por Reuters como clave en el desarrollo del sistema del Carnet de la Patria, la plataforma de control social del chavismo. CEIEC, por su parte, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por colaborar en censura y vigilancia digital en Venezuela. Elarba les proporcionó acceso. A cambio, el dinero fue trasladado a cuentas en Luxemburgo, Panamá y Singapur. Ese mismo año, la unidad FinCEN del Tesoro estadounidense registró una transferencia de 1,48 millones de dólares a una cuenta de Elarba sin un propósito económico aparente.
Con ese capital, Elarba fortaleció su expansión local. En diciembre de 2014, adquirió Fospuca, inicialmente en asociación con Henry Jesús Camino Muñoz, esposo de su hijastra Mariana Flores Melo. Lo que siguió fue una transformación drástica: contratos blindados, tarifas impuestas, presión política sobre alcaldías y una narrativa de “modernización” que ocultaba un modelo extractivo. La basura se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de Caracas, y Elarba en su zar no oficial.
A primera vista, parece una historia de éxito empresarial. Pero quienes residen en Chacao, Baruta o El Hatillo, saben que Fospuca no solo recoge desechos: impone tarifas imposibles de pagar, acorrala comercios y disfruta de una protección institucional excepcional.
Simultáneamente, mantuvo relaciones abiertas con figuras clave del chavismo financiero. Reconoció públicamente su amistad con Carlos Erick Malpica Flores, ex tesorero nacional y sobrino de Cilia Flores, sancionado por Panamá y luego rehabilitado. También aparece vinculado a Raúl Gorrín, sancionado por la OFAC. Hoy, José Simón Elarba es un invitado frecuente en los programas del canal de Gorrín, Globovisión.
Carlos Erick Malpica Flores, José Simón Elarba, Aitza Melo, Mariana Flores Melo y Henry Camino Muñoz
Esa red de relaciones explica por qué, a pesar de los escándalos, Elarba nunca cede: en Venezuela no logra sobrevivir el más reservado, sino el más conectado.
Su siguiente movimiento fue hacia la banca. Tras el estallido del caso PDVSA-Cripto, que culminó con la detención de los hermanos De Grazia Suárez, Bancamiga se vio expuesta como pieza clave en el intermediación con el Petro. En lugar de ser excluida, la entidad cambió de propietarios. Elarba emergió como nuevo accionista y presidente, en una operación que muchos interpretan como un rescate político: quienes sirven al sistema no sufren el coste total del colapso.
En 2023, su nombre volvió a aparecer tras la incautación del Colegio Jefferson, en Valle Arriba, luego del arresto de los hermanos Perdomo Rodríguez por corrupción. Testigos afirman que Elarba se presentó en el plantel como su nuevo propietario. Hasta la fecha, no hay documentación pública que avale la operación. Pero en la Venezuela actual, el poder no siempre requiere papeles. Y José Simón Elarba muestra ahora en su currículum y redes sociales, el puesto de presidente de la institución.
Sin embargo, los antecedentes judiciales continúan surgiendo. Solo en el Tribunal Supremo de Justicia, hay múltiples expedientes donde su nombre está asociado a abusos de posición dominante, cobros ilegales y prácticas contractuales turbias. En decisiones como la AP21-L-2022-000120 o la R-2023-00010 se observa el patrón: arbitrariedad en el cobro de servicios, incumplimiento de normativas ambientales y persecución judicial a los que se oponen.
Su entorno familiar y profesional completa el cuadro. Su esposa, Aitza Melo Castillo, es socia del bufete Gadea, Lesseur & Asociados, el mismo donde laboran figuras de la oposición como Gerardo Blyde, consultor jurídico de Fospuca en la misma firma después de haber sido el alcalde de Baruta que cedió la recolección de basura en ese municipio a la compañía para la que actualmente trabaja. Se trata formalmente de una “sociedad de gastos”, pero en la práctica funciona como otro punto de intersección entre poder político, negocios y protección legal. Antiguos socios, como Carlos Uzcátegui Valero, están vinculados a empresas previas de gestión de desechos como CAUVICA, con antecedentes de facturación inflada y deudas laborales impagas.
Elarba también fue accionista del diario El Nacional. Cuando el medio fue embargado a instancias de Diosdado Cabello, guardó silencio. Hoy, antiguos ejecutivos del periódico laboran directamente para él, cerrando el círculo de lealtades transaccionales que marcan su carrera. El caso más emblemático: Jorge Makriniotis, hijo de Antonieta Jurado -pareja de Miguel Henrique Otero- y ex gerente de El Nacional, actualmente asistente personal de Elarba.
El mismo patrón se repite: tribunales, telecomunicaciones, basura, banca, educación. Sectores regulados, opacos, dependientes del favor estatal. En todos ellos, Elarba se presenta no como un jugador marginal, sino como un facilitador central. Nunca el rostro más visible del poder, pero siempre presente en la toma de decisiones.
En público, Elarba se muestra como un filántropo, amante del deporte y la educación. En privado, se ha convertido en un símbolo de la Venezuela donde los servicios básicos son monopolios disfrazados de empresas, y donde la cercanía al poder es la mejor inversión.
No importa si se trata de bancos, escuelas o basura: donde haya rentas aseguradas por el Estado o espacios protegidos por el silencio, aparece su nombre. Y tras él, una red tejida con impunidad, poder y millones.